En el marco de la Estrategia Estatal para el Combate al Abigeato, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca sostuvo una reunión de trabajo con la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Zaynia Andrea Gil Vázquez y líderes ganaderos del estado, donde refrendó su compromiso para erradicar la comisión de este delito en Chiapas y exhortó a las y los productores pecuarios a cumplir con las obligaciones que establece la Ley de Fomento y Sanidad Pecuaria y a apegarse a las nuevas modificaciones del Código Penal.

Acompañado por Jordán de Jesús Alegría Orantes, fiscal de Coordinación; Rodolfo Díaz Aguilar, fiscal de Combate al Abigeato; y representantes del sector ganadero de la entidad, Llaven Abarca escuchó cada una de las inquietudes y propuestas de las y los ganaderos de las regiones Centro, Altos, Fronteriza, Frailesca, Norte, Selva, Sierra, Soconusco e Istmo-Costa.

En ese sentido, el fiscal general destacó que hoy hay un Gobierno y una Fiscalía del Estado comprometidos en atender y dar seguimiento a las necesidades del sector ganadero para generar progreso y estabilidad en la entidad: “La mejor forma de sacar adelante a Chiapas es guardando el orden, que el Estado de derecho prevalezca y que todos actuemos dentro del marco legal. Al gobernador le preocupa la seguridad y la justicia y está tomando la bandera de manera personal para poner orden en todos los sectores productivos”.

Aseveró que la ganadería es una de las principales actividades económicas del estado y es por ello la importancia de impulsar acciones contundentes para su crecimiento y desarrollo: “El compromiso es fortalecer la Fiscalía de Combate al Abigeato para garantizar y dar certidumbre a su patrimonio y a sus familias. Vamos realizar una reestructuración del personal para brindar una atención especializada y se dotará de equipamiento y moto patrullas para erradicar y combatir este delito”.

Llaven Abarca detalló que en agosto de 2019 se adicionaron cuatro fracciones al artículo 295 del Código Penal que regula la movilidad del ganado y en caso de infringirse, los responsables podrían alcanzar hasta ocho años de prisión y una multa de mil salarios, por lo que exhortó a las y los ganaderos a cumplir con las obligaciones que establece la Ley de Fomento y Sanidad Pecuaria para brindar certeza jurídica.